Gestión privada de servicios públicos

La opinión más extendida en la izquierda es que los servicios públicos deben ser realizados por funcionarios, y gestionados directamente por las autoridades, es decir por los políticos. Cuando la gestión se contrata a una empresa privada se habla –inadecuadamente- de privatizar, término que produce serio repelús en la izquierda. Los médicos tenemos la costumbre de cambiar los nombres a las enfermedades cuando el enunciado resulta vejatorio para el paciente; por ejemplo, no decimos que tiene sarna, sino escabiosis, ni que tiene más mierda que el palo de un gallinero, sino melanodermia hidrosoluble. Del mismo modo la palabra privatizar resulta tan indigerible para muchos que se camufla bajo el termino externalizar. Pero no es problema de palabras, es problema de conceptos.

Es opinión extendida que cuando algo se privatiza indica por un lado una incapacidad de las autoridades para gestionar el asunto, y por otra que existen empresarios garrapatas ansiosos de chupar la sangre del dinero público. A veces es así. Pero en muchas ocasiones la colaboración entre los sectores públicos y privados debe interpretarse en un sentido más positivo, en la posibilidad de sinergias –por ejemplo vía especialización- de forma que ambos se beneficien, siendo el más beneficiado el ciudadano, que paga sus impuestos y espera recibir los mejores servicios al menor coste posible.

Los ejemplos de gestión privada de servicios públicos son infinitos. En educación tenemos los colegios concertados, y nadie puede afirmar que ofrezcan menor calidad que los públicos. En sanidad, los médicos del servicio nacional de salud en España son funcionarios, en Francia no, pero en ambos países el servicio es público. En Andalucía los hospitales del SAS son de titularidad pública, pero en Cataluña muchos son hospitales privados concertados, sin tampoco merma de la calidad.

Estas reflexiones vienen a cuento con la situación de Estepona. No se como se implementará un plan de saneamiento en nuestro pueblo, pero inevitablemente hay que disminuir gastos, y el gasto principal son las nóminas, e inevitablemente hay que intentar negociar con los sindicatos para que el coste social de la austeridad sea el menor posible. Habrá que tomar múltiples medidas, pero pienso que externalizar algunos servicios puede disminuir costes, por un lado porque las empresas privadas adjudicatarias pueden aumentar la productividad y efectividad –eficacia a menor coste- del servicio, por otro lado repercutiendo –cuando proceda- parte de los costes en los usuarios o beneficiarios del servicio.

Pero una política de externalizacion tiene serios peligros. Sin transparencia y honestidad mejor no realizar nada, pues las privatizaciones son una de las formulas clásicas para que los corruptos pongan la mano. Hace falta decisión política y capacidad de diálogo, como en todas las actuaciones potencialmente conflictivas. Hace falta que técnicos capacitados estudien los temas en profundidad, pues no es fácil encontrar las fórmulas concretas de conciertos que beneficien a ambos, al consistorio y la empresa a la que se hace la concesión, y que aseguren la calidad del servicio, para no recibir gato por liebre.

Estos requisitos, sobre todo la necesidad de análisis técnico detallado, hace inviable que las externalizacion formen parte de ningún programa electoral, Y es mejor que así sea. Pero esta posibilidad debe formar parte del repertorio de medidas a tomar por los que finalmente deben asumir la responsabilidad de sacar a Estepona de su colapso económico y financiero, y seria preciso no confundirnos con términos malsonantes, como privatizar o externalizar, y asumir que no necesariamente el concejal de turno es un empresario nato sobradamente capacitado para dar el mejor servicio al menor coste, ni necesariamente el empresario privado es un incorregible estafador incapaz de cumplir contratos transparentes y bien planificados.

Damián Zamorano Vázquez
Estepona Informacion. 17.7.2010