Códigos éticos

En países lacrados por la corrupción las leyes no se cumplen, por lo que elaborar códigos éticos más allá de la ley es cosa de chiste. En países con ciudadanos y políticos honestos, probablemente no hacen falta códigos éticos, la moralidad esta en el ADN de todos, gobernados y gobernantes, y sobra el papeleo de cómo hacer bien la cosas, cuando eso es lo natural en el comportamiento cotidiano.

En España no debe estar muy claro en qué grupo de países nos situamos, y desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha consensuado por todos los partidos políticos un llamado “código de buen gobierno local”, con la pretensión de que sea aprobado en todos los municipios, y se cumplan sus preceptos.

Por supuesto que el máximo imperativo es cumplir la ley, y por tanto la ilegalidad y la corrupción no es objeto de estas normas de conducta, sigue en manos de la justicia, aunque es evidente que un comportamiento ético seguido por todos seria la mejor vacuna contra la corrupción.

Los códigos éticos surgen como iniciativa de los colectivos para ir más allá de la ley, para comprometerse a cumplir unas normas de conducta, no estrictamente recogidas en la legislación, pero a juicio de la mayoría necesarias para el buen funcionamiento del colectivo y de la sociedad en general.

A nivel de municipio hay muchos actos -no siempre ilegales- pero, que de ser realizados por los gobernantes, suponen un insulto descarado a los ciudadanos, por ser tales comportamientos ajenos al significado de la política, actividad para la mejor administración de los asuntos públicos, al servicio del ciudadano, nunca acción sectaria para beneficio de los dirigentes o sus partidos políticos, pagada a base de extorsión de los vecinos.

No es necesariamente ilegal, pero si es profundamente poco ético, la mala gestión, la falta de transparencia, anular la participación ciudadana, el alejamiento de los cargos electos de la realidad social, el transfuguismo, la connivencia con los intereses privados, la ausencia de cauces suficientes para el control de la gestión por la oposición, la mentira, la demagogia, el derroche del dinero público, el clientelismo, la contratación pública opaca, el no canalizar sugerencias y reclamaciones de ciudadanos, el no cumplir las incompatibilidades, el permitir que los gobernantes maquillen con prepotencia la ley en sus actividades públicas o particulares, el pagar productividades injustas a los empleados amigos, el acosar a los empleados enemigos.

En Estepona se ha aprobado por el pleno -a escondidas- el código de buena conducta propiciado por la FEMP. Un chiste, un insulto a la inteligencia. ¿Cómo pueden aprobarse unas normas que se incumplen de forma sistemática en el comportamiento diario?. Seamos un poco serios. No dejemos la ética y sus códigos a pie de los caballos desbocados de unos políticos que se han alejado de forma descarada del bien hacer de la gente honrada y respetable. Si lo habitual es actuar sin ética, que no nos hagan tragar ruedas de molino aprobando códigos éticos, es absurdo “si es pa ná”.

De aprobarse el código de buena conducta solo me parecería aceptable si simultáneamente se aprueban los mecanismos para asegurar que las normas contempladas se cumplen, que el documento no sea una vez más papel mojado.

Hay muchas opciones, pero se me ocurre que la figura del defensor del ciudadano podría ayudar a promover las buenas conductas, y estimular a la vez la participación ciudadana, por todos deseada de palabra, por nadie impulsada en la practica. También tendrían que decidir como se arbitra cuando se realizan denuncias formales contra el cumplimiento de estas normas.

Código de buenas conductas y normas de participación ciudadana, si no son humo, son instrumentos para dignificar la política, de asegurar una mayor concordia entre políticos o, en cualquier caso, como lo anterior será imposible, asegurar al menos una mejor sintonía entre políticos y ciudadanos.

Damián Zamorano Vázquez

Estepona Información, 27.2.2010